Se va cerrando el año y, con él, se acumulan decisiones regulatorias que vuelven a poner al iGaming en el centro del debate regional. En América Latina, el crecimiento sostenido de las apuestas online convive con respuestas estatales muy distintas, que van desde restricciones directas hasta medidas de control focalizadas en el acceso digital. Brasil y Argentina ofrecen, por estos días, dos ejemplos claros de ese contraste.

En Brasil, un estudio reciente volvió a encender la discusión sobre los efectos de las prohibiciones amplias. Un informe elaborado por la consultora Cruz Consulting, a pedido de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), indica que el 45,1% de los beneficiarios de programas sociales continuaría apostando en plataformas no reguladas si se mantiene el veto oficial que les impide participar en apuestas online. El dato refuerza una preocupación ya planteada por el sector: la posibilidad de que las restricciones empujen a los usuarios hacia circuitos ilegales, fuera del control del Estado.

La controversia llegó al Supremo Tribunal Federal (STF), donde la ANJL solicitó la suspensión de la norma durante el receso judicial, argumentando el riesgo de “daños irreversibles”. El ministro Luiz Fux aceptó parcialmente el planteo y frenó el bloqueo de cuentas ya existentes de beneficiarios del Bolsa Família, aunque mantuvo la prohibición para nuevas registraciones. Las reglas cuestionadas fueron publicadas por el Ministerio de Hacienda entre septiembre y octubre de 2025.

Desde la asociación sostienen que, lejos de reducir el fenómeno, la medida podría ampliar el mercado clandestino y dificultar la implementación de políticas de juego responsable, además de afectar la recaudación fiscal. Los datos sobre el perfil del apostador brasileño también matizan el debate. Informes de KTO casino muestran una base mayoritariamente adulta, con predominio de jugadores entre 25 y 40 años y una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, lo que desafía la idea de que el juego online se concentra exclusivamente en los sectores más vulnerables.

Mientras Brasil discute el alcance de las prohibiciones, en Argentina aparecen respuestas de escala local, orientadas a limitar el acceso desde infraestructuras públicas. En la provincia de Mendoza, el Concejo Deliberante de San Rafael aprobó una ordenanza que bloquea el acceso a sitios de apuestas y juegos online en todas las redes de Wi-Fi municipales. La medida alcanza a bibliotecas públicas, puntos de acceso digital, jardines maternales, salones comunitarios y oficinas gubernamentales administradas por el municipio.

El argumento central es la preocupación por el aumento del consumo digital entre menores y la facilidad con la que pueden acceder a plataformas de apuestas a través de conexiones públicas. La iniciativa fue impulsada por el concejal Adrián Reche, de la Unión Cívica Radical, quien señaló que el crecimiento de las plataformas online eliminó muchas de las barreras sociales que existen en los espacios físicos tradicionales.

Según explicó, a diferencia de los casinos presenciales, limitados por la ubicación y la supervisión directa, las apuestas online pueden realizarse de manera privada desde casi cualquier lugar, lo que dificulta la detección temprana por parte de familias o educadores. La ordenanza prevé el uso de filtrado por direcciones IP para bloquear los sitios, un sistema similar al que ya emplean las autoridades educativas provinciales en las redes escolares.

Ambos casos reflejan enfoques distintos frente a un mismo fenómeno. Mientras Brasil crece en desarrollo de videojuegos y enfrenta el desafío de regular un mercado masivo sin incentivar la informalidad, en Argentina surgen medidas preventivas puntuales, centradas en el acceso y la protección de menores en ámbitos públicos.